Tribunal Justicia de UE emitirá sentencia del céntimo sanitario el día 27

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Tarragona, 21 feb (EFE).- El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) hará pública la sentencia del impuesto del céntimo sanitario sobre los hidrocarburos el próximo jueves día 27, han informado a Efe las dos abogadas que elevaron el caso al tribunal europeo, Inma Mallol y Carlota Jover.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará pública su sentencia sobre el céntimo sanitario español el próximo jueves 27 de febrero y se sabrá si el ejecutivo debe devolver las cantidades cobradas, que se cifran en 13.000 millones de euros.

Transportes Besora, una empresa de Montblanc (Tarragona), denunció el caso y las abogadas Imma Mallol, de la gestoría Mallol, y Carlota Jover lo elevaron al Tribunal de Luxemburgo.

El pasado mes de octubre, el abogado general de la Unión Europea, Nils Wahl, ya se mostró totalmente contrario al céntimo sanitario, denominado oficialmente impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH).

Wahl subrayó que era contrario al derecho comunitario y que España estaba repetidamente advertida de ello, por lo que dejó abierta la posibilidad de no limitar la sentencia en el tiempo.

El Gobierno español solicitó al Tribunal de Justicia Europeo que sí los limitasen en el caso de declararlo como no conforme con el derecho comunitario, lo que significaría que no se aplicaría la sentencia con efectos retroactivos.

La compañía Transportes Besora pidió la devolución de los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal y el caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La gestoría Mallol representa en este caso a unas 60 empresas de Tarragona y la abogada recuerda que "pedimos que, por la delicada situación económica, solo se aplicara retroactividad a las empresas que hubieran reclamado el céntimo sanitario".

Sin embargo, también recuerda que "Wahl subraya que la Comisión Europa ya advirtió a España de que el impuesto era ilegal en mayo del 2008 y se siguió aplicando", por lo que en un "escrito muy duro, no aclara la retroactividad".

El Estado, lamentan las dos abogadas, tiene un "amplio historial de incumplimientos de leyes y tratados que firma" y recuerdan que acumula "más de un centenar de sentencias condenatorias por ejecutar o mal ejecutadas como el canon digital o la cláusula suelo".